Sobre coberturas universales y un caso de corrupción

Dos temas han llamado mi atención últimamente. Uno por formación y otro por deformación. Uno ha estado en todos los medios de comunicación como gran escándalo y otro ha estado en todos los medios como gran propuesta.

El primer tema es la cobertura universal, ya sea de salud o de educación. Tiempos en que los políticos que enarbolan banderas desgastadas, proponiendo soluciones fáciles y universales a los problemas del país. En 2011 y a principios del 2012, el presidente Calderón anunció hasta el cansancio la cobertura universal de salud en casi todo el país. Cada Estado que era honrado con su visita, recibía a cambio un discurso sobre la cobertura universal de salud en el mismo.

Por otro lado, recientemente se aprobó ampliar el horario en las escuelas. Los párvulos y jóvenes imberbes pasarán 8 horas en la escuela. También es promesa común la cobertura universal de educación, no sólo básica sino hasta universitaria.

¿Qué es cobertura universal? A esto se refieren los gobernantes pasados, presentes y futuros cuando quieren decir que habrá un lugar disponible para todos en un hospital, un consultorio o una escuela/universidad.

Respecto de la cobertura universal de salud, grandes esfuerzos se han hecho para crear la infraestructura hospitalaria que garantice la atención médica de todos los mexicanos. Se creó el seguro popular para que todos tengamos acceso a servicios de salud y hasta se retó a la población con la frase “el que no lo tiene es porque no quiere”. La inscripción al seguro popular conlleva una serie de trámites que eventualmente termina con el registro del beneficiario.

Hasta ahí es un programa que podría venderse en spots durante la campaña presidencial. El ciudadano tiene el hospital y tiene el seguro. El problema mayor aparece cuando tiene algún padecimiento: falta de doctores, corrupción, falta de medicamentos, corrupción, mala atención, corrupción.

Y cuando algún ciudadano enfrenta al presidente diciendo que en tal hospital le venden los medicamentos, el presidente volteará hacia otro lado diciendo: “Yo entrego el hospital, pero quien lo administra es el gobierno del Estado”. 

Cínicamente podemos decir que lo que prometió fue la cobertura universal, no que realmente fuera a ser atendido.

Algo similar sucederá con la ampliación de horarios en las escuelas y la cobertura universal de educación. Puede garantizarse el acceso a toda la población incluso hasta el doctorado, pero la falta de maestros capaces dejará esta propuesta en un montón de edificios vacíos y niños en sus casas.

En 1995, con motivo del acuerdo para modernizar la educación y la transferencia de los recursos educativos a los Estados, escribí que el acuerdo fracasaría al mantener a un sindicato nacional que hoy, 17 años después, se precia de ser el más poderoso de Latinoamérica.

17 años han pasado de ese acuerdo de modernización y todo sigue igual. Incluso la líder sindical es la misma. Lo que cambió fue el partido en el poder, muchos secretarios de educación, pero el nivel educativo, las marchas, los paros y la resistencia a la evaluación con consecuencias es igual que entonces.

Propuestas vacías e inútiles las que incluyen la cobertura universal de lo que sea, mientras no se solucione el origen. Mas escuelas no implica más maestros y más maestros no significa que estarán en las escuelas enseñando. 17 años de inmovilidad en la educación y hoy, en sus campañas, ninguno de los cuatro candidatos propone una solución.

El segundo tema que por deformación ha llamado mi atención esta semana, es el mismo que está en boca de todos, incluso del presidente diciendo que le “indigna” que algunas empresas crezcan con base en “mordidas”.

Muchos argumentos de expertos se han emitido esta semana. Desde la Bolsa Mexicana donde defienden a la empresa, que ha creado tanto empleos y forma parte del índice hasta la Secretaría de Economía aclarando que los permisos obtenidos ilegalmente son responsabilidad de los Estados, no del Gobierno Federal (Esta estrategia de culpar a los gobiernos de estados y municipios la ha aplicado el gobierno federal en casi todos los asuntos, sobre todo si el estado o municipio es gobernado por un partido distinto).

Otros menos expertos han acusado al gobierno – de cualquier nivel – de fomentar la corrupción. Hasta hay quien dice: La empresa no pagaría sobornos si el gobierno no los exigiera.

Desde que la Secretaría de la Función Pública era llamada SECODAM (same shit, different flies) he trabajado con hombres de negocios que tienen un objetivo que deben cumplir. Ya sea nacional o internacional, el director – consejo, vicepresidente – pone un objetivo de crecimiento en ingresos que debe ser cumplido. El cumplimiento del objetivo se traduce en bonos, promociones y otras prestaciones muy atractivas.

Si el objetivo del año es aumentar los ingresos con la apertura de nuevos puntos de venta, el grupo comercial necesita esos puntos de venta funcionando rápidamente, no importa cómo. A pesar de la tan mentada desregulación y tantos esfuerzos de la COFEMER, abrir un negocio o un nuevo punto de venta puede volverse un proceso muy largo. Y los vendedores y los objetivos que cumplir no pueden esperar.

A tanto enredo regulatorio y análisis que debe realizarse por parte de los tres niveles de gobierno para otorgar un permiso y abrir un punto de venta, tanto los funcionarios como los empresarios saben que hay métodos para acelerar el trámite. Y empieza el proceso de corrupción.

El caso de Walmart, escandaloso como es, tiene diferentes perspectivas bajo la ley norteamericana y la mexicana. El mayor problema de Walmart en Estados Unidos, no es haber realizado pagos para apresurar los trámites, lo que es aceptado – con sus reglas – en la legislación anticorrupción. La falta grave cometida por los funcionarios de la trasnacional fue no llevar un registro contable de tales pagos, traducidos comúnmente como “facilitadores”. Walmart falló en el mantenimiento de su información al registrar los pagos facilitadores bajo otros rubros. Si tales pagos estuvieran contabilizados adecuadamente, el problema sería mucho, mucho menor.

¿Cuál es el problema de Walmart en México? Principalmente de percepción. El problema lo tendrían, en caso de comprobarse después de una investigación por las autoridades, los funcionarios que aceptaron la coima. Quizá serán inhabilitados por 10 años, promoverán un amparo y nada más.

La nueva legislación anticorrupción en México, que no es novedosa por ser una copia casi fiel del FCPA norteamericano aún debe ser publicada, preparada, administrada y ejecutada. Los mismos que han recibido los pagos indebidos, de cualquier partido, Estado y municipio, serán los encargados de hacer esto. El resultado ya se ve venir: aplicación selectiva y mayor corrupción.

Creo.